Editoriales

EDITORIAL
El pacto improbable

PSOE y PP evidencian la contradicción entre urgencias económicas e intereses partidistas

La comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno para analizar la situación de la economía dejó ayer clara la distancia que separa al Ejecutivo del principal partido de la oposición en materia de política económica. Zapatero presentó su pretensión de subir "moderadamente" los impuestos, un 1,5% del PIB, para contribuir a cerrar la enorme brecha que se está abriendo en las finanzas públicas y se encontró con el rechazo frontal del PP. Mariano Rajoy le ofreció un pacto político para reducir el gasto público, pero a condición de renunciar a cualquier subida de impuestos: Zapatero dijo no.

Una lectura política de lo ocurrido ayer en el Congreso concluiría que una parte de la izquierda parece dispuesta a pactar la subida de impuestos (que no es tan moderada como proclama Zapatero) con el Gobierno, que CiU se aleja de las posiciones económicas del Ejecutivo y que el PNV mostró su buena disposición a pactar los Presupuestos. Eso y que todos los grupos políticos acusan al Gobierno de practicar una política económica improvisada, algo en lo que no les falta razón. El problema de fondo que explica las dificultades para articular una política coherente y continuada contra la crisis es que hay muy pocas posibilidades de entendimiento entre el Gobierno y el PP. Rajoy acierta al proponer un pacto para racionalizar el gasto público (es decir, para decidir de dónde se recorta y para legitimar la medida ante la opinión pública) y ordenar las finanzas del Estado; pero yerra al poner condiciones previas (que no se suban los impuestos).

El PP sabe que el desmesurado coste de la crisis puede llevar a las finanzas del Estado a una situación insostenible, con déficit superiores al 8% o el 10% del PIB; ningún programa de reducción del gasto es suficiente para tapar ese agujero. La subida de impuestos puede ser obligada, siempre que se acierte en el momento adecuado para que no obstaculice la recuperación. Y eso, decidir cuándo, cómo, dónde y cuánto, también debería formar parte de ese pacto entre ambos partidos, y no ser excluido a priori de él, que es lo que hizo ayer Rajoy.

Tampoco Zapatero ofreció otra cosa que un discurso genérico y de optimismo voluntarista. De la subida fiscal que propone sólo se sabe que no afectará a las rentas del trabajo y los pactos sobre educación y energía que reclama son tierra incógnita. Por fin ha aceptado que, aunque la economía toque fondo -algo que todavía no ha sucedido-, ello no es sinónimo de recuperación y mucho menos de creación de empleo; y que el mercado laboral español sufrirá elevadas tasas de paro durante varios trimestres. Pero la economía española no se va a recuperar al mismo tiempo que las de Francia o Alemania. Y Zapatero sigue sin distinguir bien entre una política económica anticrisis y las decisiones encaminadas a cambiar el patrón de crecimiento. Tienen tiempos distintos de maduración.

La economía española necesita con urgencia un plan financiero público que elimine los estímulos económicos que no funcionan, decida otros que sí mejorarán la actividad y el empleo a corto plazo, y determine qué impuestos hay que subir y qué gastos recortar para cumplir con los compromisos de déficit a medio plazo. Lo necesita desde hace tiempo y el presidente no ha querido o no ha sabido organizarlo, porque prefiere su estilo habitual de pactos ocasionales y de ir tirando. Tiene la coartada perfecta. Las diferencias ideológicas en la Cámara dificultan un pacto global. Es cierto; aunque no debería ser así. Si hay un problema que requiera el acuerdo entre los dos grandes partidos es conciliar tres objetivos esenciales: gasto en protección social, inversión para estimular la recuperación y control del déficit. La culpa es de ambos líderes. Pero quien gobierna es Zapatero. Suya es la responsabilidad de cómo van las cosas.



Competitividad

Hablar de cambio de modelo productivo es hacerlo de una economía más competitiva, lo que exige a su vez un sistema educativo mejor adaptado a ese modelo más tecnológico. Ayer mismo, mientras en el Congreso se debatía sobre esos asuntos, se conocían las clasificaciones publicadas por el Banco Mundial y el Foro de Davos sobre diversos índices reveladores de la modernización de las economías. España vuelve a retroceder de forma significativa en ambas clasificaciones.

En relación con las facilidades para crear empresas, España retrocede 11 puestos, hasta el 62. El otro conjunto de indicadores tampoco nos deja en buen lugar: se diluye la dotación de ventajas que hace a una economía más productiva y competitiva y perdemos posiciones, del lugar 29 al 33. La combinación de esos indicadores, de gran difusión entre la comunidad inversora y empresarial internacional, con una de las tasas de paro más elevadas de la OCDE, no son credenciales que puedan favorecer la confianza en nuestras instituciones. Zapatero apeló ayer a la decisión de la agencia Moody's de mantener la máxima calificación de fiabilidad de España con relación a su deuda, como prueba de solvencia de nuestra economía; sin embargo, la visibilidad asociada a la presidencia española de la UE va a coincidir con los peores resultados económicos de nuestro país en muchas décadas, lo que inevitablemente afectará a esa confianza.

También coincidió el debate de ayer con la difusión del informe anual de la OCDE sobre la educación. España mejora en el nivel educativo general, pero sigue presentando lastres como el alto grado de fracaso escolar, el retraso comparativo en FP, el relativamente escaso porcentaje de jóvenes que sigue los estudios tras la enseñanza obligatoria y la escasa ventaja retributiva de los titulados respecto a los que no lo son, si bien los titulados encuentran trabajo más fácilmente. Resumen global: mal, pero yendo a peor.

El Editorial Señales de alerta Como estaba previsto al principio de año, la caída de los ingresos tributarios, producto de la crisis económica mundial y la necesidad de apelar al gasto público para mantener el ritmo de la economía, están propiciando un incremento importante en el déficit fiscal de la Nación. Ahora hay que estar atentos para que ese incremento no se desborde, amenazando la estabilidad y la confianza en la economía colombiana. Hoy se sabe que el Gobierno recibió $1,4 billones menos por concepto de impuestos y que esa caída puede llegar a los $2,5 billones al finalizar el 2009. También es cierto que la revaluación está afectando sus cálculos de ingresos y que Ecopetrol está registrando una caída sustancial en los suyos, por cuanto el precio del crudo ha descendido un 50% con respecto al año pasado. Todo lo cual se suma a las demoras que experimenta la propuesta de vender el 57% de Isagén, que aún pertenece a la Nación, estimada en $3 billones. Y mientras el panorama de los ingresos se ha enrarecido, la recomendación es tratar de utilizar el gasto público para evitar una recesión que acabe de profundizar problemas sociales como la pobreza que afecta al 45% de los colombianos y el 12,6% al que ha llegado el desempleo. No hay dudas sobre las bondades que esa política arroja, pero debe aplicarse sólo mientras el mundo supera los difíciles momentos que se iniciaron hace un año con la crisis de la economía estadounidense, la locomotora del comercio orbital. Para empezar a remediar el déficit, el Gobierno está recurriendo al endeudamiento mediante la emisión de títulos de Tesorería por $4 billones, que serán transados en el mercado interno. Y muestra ya cierto grado de impaciencia por las dificultades para conseguir financiaciones para grandes proyectos de infraestructura como la autopista que debe unir a Bogotá con la Costa Atlántica o la construcción del túnel de la Línea, lo que lo ha llevado a apoyar, aunque de manera tímida, la propuesta de vender una parte importante de Ecopetrol. Es cierto que hoy Colombia goza de mayor credibilidad y confianza en el mundo, al punto en que la Corporación Financiera Internacional, organismo del Banco Mundial, la reconoce como el país que mejores condiciones ofrece para los empresarios. También, que indicadores claves como la inflación y la devaluación dan a entender que hay una gran estabilidad. Con todo, los cálculos del déficit fiscal legaron ya al 4% del Producto Interno Bruto, es decir, más de $20 billones. En medio de las fortalezas que muestra la economía colombiana no pueden olvidarse las señales de alerta que aparecen en las finanzas públicas. Y como quiera que el problema es causado por la renuencia a realizar la reforma estructural que se requiere, no parece aconsejable recostar las soluciones en la venta de Isagén y Ecopetrol para cubrir el saldo en rojo. Por tanto, hay que estar atentos y reconocer que la situación fiscal y la tendencia a resolver el déficit con endeudamiento pueden convertirse de nuevo en el peor enemigo del progreso.



Editorial de EL UNIVERSAL

Conspiración

“Lo que nos faltaba”, pensaron ayer muchos mexicanos luego de que los medios anunciaran —con imágenes en vivo como en el 11 de septiembre de 2001— que al menos tres sujetos “con bombas amarradas en el cuerpo” tenían secuestrados a más de 100 pasajeros provenientes de Cancún y con dirección a la ciudad de México. Sin duda, lo que nos faltaba.

La máxima del futbol se aplica también a los países: portero sin suerte no es portero. Y vaya que la nuestra es pésima: crisis económica, temblores, impuestos e influenza. Pero no terminábamos de lamentar nuestro destino cuando... vino la realidad: el comando del terror no era más que un yihadista cristiano armado con dos latas de Jumex y un par de foquitos. Finalmente, tuvimos más suerte de la que pensábamos. El sujeto en cuestión, lejos de ser una amenaza a la seguridad nacional, sólo quería hablar con el presidente Calderón para alertarle de un devastador terremoto que acabaría con esta tierra azteca; claro, según la evidencia esotérica que el día de ayer nos proporcionaba: ser el día 9 del mes 9 del año 09.

Dicen que los mexicanos bromeamos incluso con la muerte; tanto que hasta los secuestros de avión resultan cómicos.

Pues qué tan inverosímil habrá sido el episodio que muy pronto otro dispositivo de la cultura mexicana se disparó para dar sentido a la anécdota: el sospechosismo. ¿Y cuál fue el objetivo de secuestrar un avión con motivaciones espirituales? Ocultar las malignas intenciones detrás del paquete fiscal presentado por el gobierno federal al Congreso de la Unión.

Si es difícil de entender, hay una conspiración detrás. Añádase a la receta un villano y una perversa maquinación y listo: podemos ahorrarnos el esfuerzo de buscar evidencias.

De hecho, tal vez esto explique nuestra mala suerte. Con conspiradores en cada esquina, no hay manera de tener buena fortuna.


EDITORIAL
VRAE: aspectos básicos para una estrategia integral

Ante la cruenta escalada de ataques del narcoterrorismo en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y otras zonas del país, desde El Comercio siempre hemos sostenido la necesidad de mantener una firme voluntad política al más alto nivel gubernamental para derrotar esta lacra y también hemos incidido en la urgencia de una estrategia integral.

Nos reiteramos en esta postura, como lo demanda el sistema democrático y el ordenamiento constitucional y considerando también la dura experiencia que nos tocó afrontar en los 80 y 90. Se trataba entonces de una mafia genocida, ideologizada y violentista, cuyos desfasados seguidores se han convertido ahora en despreciables mercenarios del narcotráfico.

Esta simbiosis criminal aporta nuevos y distintos matices al fenómeno. Es verdad que el problema se restringe, por ahora, a las zonas cocaleras de la selva, pero también es innegable que las mafias del narcotráfico aportan un sólido respaldo financiero que causa enormes desequilibrios: manejan casi en su totalidad las economías de extensas áreas; dan trabajo a los cocaleros ilegales que se convierten en cómplices, voluntarios o temerosos de esas lacras; corrompen muchas instancias del Estado y la judicatura; y, por si esto fuera poco, arman a los terroristas con armamento sofisticado, lo que les da un margen notable de poder de fuego, potenciado por la agreste y difícil geografía de la zona.

Además, el terrorismo se está irradiando a otras áreas principales del país, incluyendo partes de la periferia de Lima.

Es en tan delicada coyuntura que se justifica una estrategia integral en el VRAE, que conjugue la afirmación permanente de la autoridad en dicha zona con la mayor presencia del Estado en aspectos básicos como seguridad, salud y educación, a lo que habría que agregar la efectiva promoción de los programas de desarrollo alternativo.

Junto con ello no puede descuidarse el aspecto punitivo y militar, en circunstancias tan especiales como las reseñadas. Fuera del nombre con el que quiera llamársele, lo que la lógica señala es que la lucha contra ese enemigo tan peculiar y feroz exige una zona de despeje (de combate o exclusión) sin presencia de población civil, que en este caso es relativamente menor.

En algunos puntos del VRAE, como Vizcatán, a diferencia de la zona del Huallaga, no hay ciudades sino pequeños centros poblados, que bien podrían reubicarse en otras zonas donde además de contar con apoyo directo del Gobierno, estarían a salvo del fuego cruzado que podría darse, con lo que se evitaría cualquier exceso contra los derechos humanos. Claro está que tiene que dárseles garantías para el traslado, apoyo para su subsistencia y promesa de retorno para cuando la situación esté controlada.

Además, desde el punto de vista operativo-militar, antes del despliegue de tropas es indispensable la tarea de “ablandamiento” de la zona, para detectar y obligar a salir de sus guaridas a los grupos de narcoterroristas armados y enfrentarlos. Para ello se requiere, precisamente, que no haya civiles que puedan resultar afectados de manera colateral.
Aparte de todo eso, se necesita también la renovación y blindaje de helicópteros, además de otra panoplia militar, y por supuesto el apoyo de la población.

Lo que no es aceptable, desde ningún punto de vista, es la desidia y la crítica sin fundamento, mientras un grupo de soldados y policías tienen que seguir enfrentando, en nombre de la nación pero en disímiles condiciones, a un enemigo agazapado y huidizo, pero bien armado y presto a cobardes emboscadas.


Editorial: El Brasil del siglo XXI


Con la visita oficial del presidente Nicolás Sarkozy a su colega Luis Ignacio Lula da Silva, Francia y Brasil formalizaron el inicio de las negociaciones de una multimillonaria transacción comercial que incluye todo un sofisticado arsenal.De acuerdo con la información divulgada por ambas partes, Brasil adquiriría treinta y seis aviones caza de la última generación de la fábrica Dassault y, a su vez, Francia le compraría al primero una decena de aviones de transporte militar de la fábrica carioca Embraer. Como parte sustancial de ese acuerdo, el país galo se comprometería a construir los aviones de combate en territorio brasilero con el objetivo de garantizar así una total transferencia de tecnología a favor de la industria militar del gigante suramericano.

La negociación incluiría, además, la adquisición por parte de Brasil de cuatro submarinos de ataque, varias decenas de helicópteros para el transporte de tropas y un casco de submarino susceptible de adaptarse a la tecnología nuclear, campo en el que los brasileros han logrado grandes avances.No se trata, como es evidente, de una compra rutinaria que periódicamente hace cualquier país para modernizar su armamento, tampoco de equipos menores de apoyo a sus fuerzas convencionales. No son fusiles, ni uniformes o botas, sino aviones supersónicos con la más avanzada tecnología militar y submarinos con similares características ofensivas.

Las inversiones brasileras en estos equipos es probable que hubiesen pasado desapercibidas hace algunos años o quizás se hubiesen registrado como algo normal en el continente, como ocurría de tanto en tanto, por ejemplo, con Chile o con Venezuela. Llamaban la atención, sí, pero no suscitaban mayores suspicacias.

No obstante, algo han cambiado las cosas en el continente en estos últimos años, y diríamos que dramáticamente en los últimos meses, como para que la decisión de Brasilia no genere toda clase de comentarios. Cualquier chovinista colombiano, que abundan por estos días, diría que se trata de una respuesta agresiva del país vecino ante el anuncio del acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, y que, por lo tanto, dicho acuerdo se justifica aún más ante la amenaza que para nuestra soberanía representarían los nuevos equipos brasileros.

De otro lado, algunos comentaristas ya han señalado que se trata de un paso más en la escalada armamentista en la que se han embarcado últimamente los estados latinoamericanos, en particular los suramericanos.¿Estamos realmente, en el caso de Brasil, ante el inicio de una carrera armamentista? ¿Hay elementos que nos pudieran llevar a considerar a Brasil como una amenaza para nuestra soberanía o, incluso, para el subcontinente? ¿Por qué un gasto militar de esas magnitudes en este momento?

Algunos elementos recientes de la evolución económica y política de Brasil, sin embargo, nos podrían mostrar, por el contrario, que se trata de una decisión estratégica de mediano y largo plazo, orientada, más que a un proyecto hegemónico en el subcontinente, a un liderazgo regional incluyente.

En efecto, el gran país del Sur ha experimentado en las dos últimas décadas una profunda transformación que lo ha proyectado, muy a pesar de la resistencia de muchos e influyentes sectores internos, hacia un notorio protagonismo regional con perspectivas globales.

Las razones detrás de ese proceso se encuentran tanto en el plano geopolítico como en el plano interno. Sin ninguna disputa territorial vigente con sus países vecinos, y con el declive de Argentina, Brasil se concentró durante muchos años en sacar adelante un ambicioso plan de reformas estructurales a su economía, con resultados exitosos que lo convirtieron en una verdadera potencia emergente.Lo anterior, sumado al descubrimiento reciente de grandes yacimientos de petróleo frente a sus costas en el Atlántico y su consolidación como primer productor mundial de biocombustibles, entre otros factores, han catapultado a Brasil a los primeros planos del ajedrez internacional.

Consecuente con ello, el gobierno de Brasilia se ha propuesto como una meta en el mediano plazo de su política exterior obtener un escaño permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando este organismo se llegue a reformar, algo que ocurrirá tarde o temprano.Este apretado resumen de factores y circunstancias económicas y geopolíticas, y muchas otras que han acompañado la evolución de Brasil en las dos últimas décadas, es preciso tenerlas en cuenta al momento de analizar los pasos que está dando el gigante suramericano que ya despertó.


Editorial / Un hoyo más grande
Publicado el 10-09-09

Tal como lo habían anticipado diferentes analistas, hace un par de días el Gobierno no tuvo otra opción que anunciar una revisión en sus pronósticos de ingresos para el 2009. Según el Ministro de Hacienda, los recaudos tributarios, que venían creciendo en línea con las proyecciones hasta julio pasado, tuvieron una notable reducción en agosto, sobre todo por cuenta de los llamados tributos externos que gravan el comercio exterior.

De tal manera, tanto la menor tasa de cambio como el descenso en las importaciones, se apartaron de lo calculado y afectaron lo cobrado por impuestos. Por tal motivo, la previsión es que al final del año habrán ingresado a las arcas estatales 79,2 billones de pesos, 1,4 billones menos que lo estimado en el marco fiscal de mediano plazo dado a conocer en junio.Esa circunstancia no es exclusiva de Colombia.

En buena parte del planeta decenas de gobiernos se enfrentan a problemas similares, pues el menor crecimiento económico incide directamente en lo que les aportan los ciudadanos. Esa circunstancia, unida a los programas de gasto que diferentes naciones han impulsado para estimular a empresas y consumidores ha hecho que los saldos en rojo sean la excepción y no la norma.

En el caso concreto del país, el déficit del sector central, que llegó al equivalente del 2,3 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2008, saltaría al 4 por ciento este año. En números concretos, el faltante pasaría de 11 a 20,2 billones de pesos.

Semejante deterioro es, por supuesto, un campanazo de alarma. Aunque la tolerancia a las brechas fiscales ha aumentado en el mundo, por cuenta de lo sucedido en las economías más ricas, es indudable que las luces de alerta son ahora más intensas. El motivo fundamental es que el 2010 tampoco se ve fácil y la administración de Álvaro Uribe ha hecho caso omiso de los llamados hechos a la moderación, con el argumento de que mantener sus programas inalterados es una manera de apuntalar la recuperación productiva.

Si bien esa razón es parcialmente válida, es necesario detenerse en las cifras. Con la revisión de esta semana, todo indica que los ingresos correspondientes exclusivamente a impuestos -que se habían presupuestado en 68,2 billones de pesos hace tres meses- bajarán a 66,8 billones, lo cual representa un incremento de apenas 3,8 por ciento frente a lo recaudado en el 2008.

Para el próximo año la previsión es que lo recibido por el fisco por concepto de tributos aumente hasta 70,3 billones lo que implicaría un crecimiento de 5,2 por ciento. La anterior es una cifra altamente improbable si se tiene en cuenta que las utilidades de Ecopetrol, que es el primer contribuyente en lo que tiene que ver con el impuesto de renta, se verán sensiblemente disminuidas por la reducción observada en los precios del petróleo.

A pesar de esa posibilidad, la reacción de los encargados de tomar las decisiones raya en la indiferencia. Ayer, por ejemplo, las Comisiones Económicas del Congreso aprobaron de manera conjunta que el monto del presupuesto nacional en el 2010 será de 148,3 billones de pesos. Dicha cifra implica un crecimiento del 7 por ciento frente a la del año actual, pero incluye un salto de 15 por ciento en los gastos de funcionamiento ante la inclusión de programas que el Ejecutivo considera inaplazables. Si bien falta todavía un análisis adicional de la iniciativa, el parte inicial no es bueno y demuestra lo difícil que es proponer recortes en un año electoral.

Pero más allá de la realidad política, es indudable que el riesgo que se está asumiendo es mayor. De un lado, hay que considerar el escenario de que los ingresos planeados no lleguen, lo cual podría elevar todavía más el monto del déficit público. Del otro, está el tema de cómo financiar el faltante. El Ministro de Hacienda dejó en claro que el Gobierno piensa hacer una emisión adicional de Bonos de Tesorería por 2 billones de pesos, pues la expectativa que hay es que el mercado interno puede adquirir esa suma extra sin ningún problema.

No obstante, en un escenario de más largo plazo, una cirugía mayor parece inevitable. La verdad monda y lironda es que el llamado 'hueco fiscal' ha aumentado de tamaño en forma acelerada y eso solo se soluciona con menores gastos o mayores ingresos, algo que sin duda tendrá que encabezar la agenda de quien llegue -o siga- en la Casa de Nariño, el próximo 7 de agosto.